Declaración Jurada

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Sí, y con un respaldo poco común: no vale por costumbre, sino porque la ley obliga a recibirla. El numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 —aprobado por el Decreto Supremo N.° 006-2026-JUS, publicado el 30 de abril de 2026, que reemplazó al Texto Único Ordenado del Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS— establece que se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que afirman, presunción que admite prueba en contrario. El numeral 41.1.3 del artículo 41 obliga a las entidades a recibir las declaraciones con carácter jurado en lugar de la documentación que no pueden exigirle, y el artículo 42 las presume de contenido veraz para fines administrativos. Tenga en cuenta que el nuevo texto reordenó la numeración: la fiscalización posterior, que en el texto anterior era el artículo 34, es hoy el artículo 32.

Sí. Las normas en las que se apoya son nacionales y rigen en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. La identificación es el Documento Nacional de Identidad; el numeral 40.1.5 del artículo 40 de la Ley N.° 27444 prohíbe a las entidades exigir un documento de identidad distinto, y admite el carné de extranjería o el pasaporte para el ciudadano extranjero, de modo que un residente extranjero puede usar este mismo formato. Si quien declara lo hace como negocio o empresa, añada además el RUC. Lo que sí cambia de una entidad a otra es la forma: muchas municipalidades, ministerios y universidades tienen su propio formato aprobado en su TUPA, y cuando existe uno oficial corresponde usarlo.

Es la comprobación que la entidad hace después de haberle creído. El artículo 32 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 obliga a la entidad ante la que se sigue un procedimiento de aprobación automática o de evaluación previa a verificar de oficio, por muestreo, la autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones que usted presentó. En los procedimientos de aprobación automática y en aquellos en los que operó el silencio positivo, esa verificación alcanza cuando menos al diez por ciento de los expedientes, con un máximo de ciento cincuenta por semestre. Esa es la lógica peruana completa: la declaración se acepta sin más porque el control llega después, no porque nadie vaya a mirarla.

La exposición es real y se acumula. En sede administrativa, el numeral 32.3 del artículo 32 de la Ley N.° 27444 dispone que la entidad tenga por no satisfecha la exigencia para todos sus efectos, declare la nulidad del acto administrativo sustentado en la declaración e imponga a su favor una multa de entre cinco y diez Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; el valor de la UIT lo fija cada año un decreto supremo, por eso aquí se describe el mecanismo y no una cifra en soles. Si la conducta encaja en el Título XIX del Código Penal (Delitos contra la Fe Pública), el hecho se comunica al Ministerio Público. Además, el numeral 32.4 dispone que la relación de administrados que presentaron declaraciones o documentos falsos se publique trimestralmente en la Central de Riesgo Administrativo a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, consignando el DNI o el RUC. Y en sede penal, el artículo 411 del Código Penal reprime con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años a quien, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración sobre hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley.

En buena medida sí, y cada caso tiene su propia norma. Para el domicilio, el artículo 1 de la Ley N.° 28882, Ley de la Simplificación de la Certificación Domiciliaria, dispone que el requisito de certificado domiciliario se cumple con la presentación de una simple declaración jurada; su artículo 2 deja a salvo el certificado domiciliario expedido conforme a las Leyes N.° 27839 y N.° 28862, que es la vía aplicable para fines electorales y judiciales. Para el estado civil y para los antecedentes penales, judiciales y policiales, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 1246 los incluye entre la información que las entidades deben proporcionarse entre sí, y el numeral 3.3 permite sustituirlos por declaración jurada, a opción del administrado, en tanto se implemente esa interoperabilidad: es una regla de transición, no un derecho definitivo, y conviene confirmar con la entidad si ya accede al dato directamente. En contratación pública, la declaración jurada de no estar impedido se rige por su propia norma —la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2025-EF, vigentes desde el 22 de abril de 2025 en reemplazo de la Ley N.° 30225— y se presenta en el formato que exija la entidad convocante.

Por regla general, no. El literal d) del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto Legislativo N.° 1246 prohíbe a las entidades de la Administración Pública exigir la legalización notarial de firmas, salvo que una ley expresa lo requiera. Esa es una diferencia importante con otros países de la región, donde certificar la firma es la costumbre. Un destinatario privado —un arrendador, un empleador, un banco— sí puede pedirla, porque esa prohibición no lo alcanza. En cuanto a la huella digital, el numeral 3 del artículo 113 de la Ley N.° 27444 la admite en lugar de la firma cuando quien declara no sabe firmar o está impedido de hacerlo; muchos formatos institucionales reservan además un recuadro para ella, y por eso este formato le permite incluirlo o quitarlo.